Por Eliécer Cárdenas
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Al Poder suele incomodarle con susceptibilidades dignas de mejor causa cualquier cuestionamiento de la prensa, y ésta por su parte, o cuando menos su porción mas poderosa, se cree con derecho de ejercer su crítica inclusive más allá de las leyes. Con tales presupuestos, prensa y poder están chocando de continuo |
| La sentencia €“por supuesto apelable- que recibió el columnista de diario El Universo Emilio Palacio, de tres años de prisión y una onerosa multa pecuniaria, a causa de un artículo en el cual trataba de "matón" €“en su común acepción de prepotente- al funcionario público Camilo Samán, abre una polémica que en el Ecuador suele resultar más bien diálogo de sordos, entre las razones del Poder y las de la Prensa, enfrentados casi perpetuamente como dos poderes que lo son, en pos de captar o cautivar las voluntades del público. En primer lugar el funcionario en cuestión poseía todo el derecho, en tanto ciudadano, a demandar al periodista. Y éste tuvo todo el derecho a escribir y publicar su artículo. Parecería que se trata de derechos excluyentes, pero no es así si asumimos que la serie de garantías y derechos que nos ofrece la sociedad democrática moderna no pueden ser incompatibles entre sí, y que cuando entran en colisión para eso está la justicia, para dar la razón a quien, legalmente, se entiende, la tendría. Sin embargo, los conflictos entre la prensa €“cierta prensa, para ser más precisos- y el Gobierno, parte de principios que pretenden ningunearse. Por un lado al Poder suele incomodarle con susceptibilidades dignas de mejor causa cualquier cuestionamiento de la prensa, y ésta por su parte, o cuando menos su porción mas poderosa, se cree con derecho de ejercer su crítica inclusive más allá de las leyes. Con tales presupuestos, es lógico que prensa y poder están chocando de continuo. Ahora bien, es evidente que la jueza que sentenció el caso del artículo de Emilio Palacio actuó con sospechosa dureza. |
Condenar atres años de prisión por un artículo, un tato duro, sí, pero que no entrañaba ningún daño moral gravísimo o desmesurada calumnia capaz de hundir al agraviado, resulta excesivo. Esto quiere decir que la magistrada no actuó apegada a derecho, sino mas bien apegada a los consabidos prejuicios contra una prensa desmandada. En cuanto al periodista en cuestión, desde hace tiempo viene actuando, como inclusive lo confiesa, entre los límites de un periodista y un actor político de oposición. Se dirá que en cuanto periodista posee todo el derecho para oponerse al Régimen en sus artículos. Pero en el Ecuador, esta línea crítica suele con frecuencia rebasar lo puramente periodístico de opinión para hermanarse con la oposición política a secas. Ejemplos de esto sobran y es por ello que resulta extremadamente difícil dilucidar hasta dónde la libertad de opinión puede cobijar a otra libertad, la de un actor político, que como tal debería sujetarse a otros parámetros distintos al del opinante periodístico. De esta confusión suelen hacer su "caldo gordo" ciertos políticos que fingen ser los más conspicuos campeones de la libertad de expresión, pero que en el fondo simplemente quieren utilizarla para sus fines personales. Finalmente, a este Gobierno, como a tantos otros de nuestro país, le falta tolerancia respecto a las opiniones de la prensa. Por un "quítame de ahí esas pajas" suele armar verdaderos melodramas mediáticos, y el caso de Emilio Palacio lo es. Demasiado ruido judicial y mediático para un asunto que en definitiva fue de poca monta, casi un duelo personal entre el comunicador en cuestión y su antagonista. |