Por Eliécer Cárdenas
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Una de las causas, fundamental claro está, para el florecimiento de la violencia y el delito, es la inequidad social. ¿Por qué los países prósperos ven descender vertiginosamente los índices delictivos? No por tener más policías o cárceles, sino porque su gente tiene trabajo y vive decorosamente
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| Un número indeterminado de jueces, según apreciación del Ministro de Justicia, serían responsables de la libertad de centenares de supuestos delincuentes, debido a que permitieron la caducidad de la prisión preventiva, esa figura jurídica del Código Penal que tan vapuleada se ha visto últimamente, a la luz del recrudecimiento de crímenes particularmente graves como el llamado sicariato, esto es el homicidio de una persona previo pago. En el Ecuador inclusive se oferta sin el menor empacho, mediante páginas en internet, la ejecución de una víctima, mediante una tarifa a estipularse. Tan grave forma delictiva, que surgió en nuestra región, como otros delitos, en la vecina Colombia, hoy es motivo lógico de la preocupación ciudadana de las autoridades policiales y por supuesto del Gobierno, acusado desde la derecha opositora de presuntamente fomentar el delito a causa de leyes "demasiado permisivas", típico discurso en el que suelen emboscarse quienes no ven que una de las causas, fundamental claro está, para el florecimiento de la violencia y el delito, es la inequidad social. ¿Por qué los países prósperos ven descender vertiginosamente los índices delictivos? No por tener más policías o cárceles, sino porque su gente tiene trabajo y vive decorosamente. Por cierto, la situación social no exculpa a las autoridades judiciales y al Estado en general de garantizar un mínimo de tranquilidad. La ciudadanía, especialmente en las ciudades del Litoral, vive en una constante inseguridad: cuándo será asaltada, en qué momento se atracará su vivienda, o peor, si acaso es blanco de asesinos anónimos, en ocasiones por confusión de la víctima. |
El discurso opositor centrado en la supuesta falta de seguridad que agudizaría el delito, posee bases inversamente, no en la ausencia o inoperancia de policías, sino en la pasividad con que ciertos jueces, en especial en la provincia del Guayas, toman las causas que tramitan. Se aduce de parte de ellos que carecen de personal e implementos técnicos para adelantar en forma rápida los procesos, que haría falta decenas de jueces adicionales para el trámite de millares de juicios que no se dan abasto. Puede ser, pero tampoco resulta justificación para este fenómeno que arroja a diario elementos delictivos nuevamente a las calles, que en su mayoría vuelven a delinquir, y que de cierta manera se sienten impunes, en la seguridad de que sus procesos nunca rebasarán el año de la prisión preventiva. Pero el remedio no está, como creen algunos sectores partidarios de la supuesta "mano dura" €“con la delincuencia marginal, claro, no con la de "cuello blanco"- que aumentaría hasta el infinito las penas de reclusión, sino en una justicia mucho más ágil, basada en la oralidad, efectiva y por supuesto no corrupta, ya que hay sospechas de que determinados jueces dejarían "dormir" procesos a causa de sobornos o connivencia con abogados especializados en sacar delincuentes, que tengan lo suficiente para pagarlos, por cierto. Esta situación penosa que da cuenta del ambiente de crisis en la justicia y la aplicación de las leyes que vive el país debe corregirse, porque una "revolución ciudadana" sin un cambio profundo en las instancias de la Justicia no merecería el nombre de llamarse tal. |