A más de un mes de la insubordinación policial que convulsionó al país, del insólito episodio quedan incertidumbres sobre si fue un hecho sorpresivo y aislado o si hubo planificación manipulada por sectores sociales y políticos con intereses de desestabilización democrática y de acabar con la vida del Presidente.
Lo deseable sería establecer con claridad el origen del hecho, con investigación profesional al margen de influencias de ninguna naturaleza, para que se impongan sanciones que hubieran menester a los realmente culpables de conmocionar el país de tal manera. Los atentados contra la democracia no pueden quedar impunes, pero debe haber absoluta seguridad en la aplicación de la Justicia.
El tiempo transcurrido es suficiente para que todo quede en manos de los investigadores y de las autoridades llamadas a aplicar las leyes, para que el país siga el curso normal y retome la ruta que ansía el pueblo: por la paz, la seguridad, el desarrollo, el bienestar, y la confraternidad entre todos los ecuatorianos.
A gobernantes y gobernados conviene cerrar este capítulo, sin que tal hecho y sus autores queden bajo las dudas del total esclarecimiento y las condignas sanciones.