Ninguno de los sistemas contratados por el MAGAP por 947.773, 23 dólares está en normal funcionamiento: fallas técnicas, planillas por trabajos no ejecutados, sobreprecio de materiales, constataron la Contraloría y la Secretaría de Transparencia

Los desperfectos de los trabajos ejecutados se aprecian en estas fotografías.

La administración del Ministro de Agricultura Walter Poveda Ricaurte, habría incurrido en actos de corrupción con perjuicios por miles de dólares al erario nacional, en la reconstrucción de 10 canales de riego en la provincia del Cañar.

El 20 de agosto de 2008 Poveda contrató la reconstrucción de los sistemas de riego Chiripungo en la parroquia Honorato Vázquez; Bouquier en Gualleturo; y San José de las Trancas en la parroquia del mismo nombre, con Rafael Ernesto Villao Yépez, por 282.476,30 dólares.

En la misma fecha se suscribió contratos para obras similares en Zhucay, parroquia San Antonio de Paguay; Caparina, en Ducur; y Apangoras, también en Ducur, con Gene Francisco Alvarado Rivera, por 266.723,45 dólares.

También, en Playa Seca, parroquia Manuel J. Calle; en Pancho Negro y San Pedro Colonia Amazonas, de La Troncal, con Julio César Matamoros Arias, por 148.607,52 dólares y, para el canal Chuichún en El Tambo, con José Luis Bastidas Bravo, por 249.965,96 dólares.

El 2 de junio de 2009 se hizo la recepción de las obras por la Directora de Gestión de Desarrollo Organizacional del Ministerio de Agricultura, Jacqueline Soriano Hinostroza, el abogado Julio Castillo Martínez y el arquitecto Mario Espinoza García, delegados del MAGAP, y el Fiscalizador Leonardo Peña, de la compañía INGEMET, quien no firma en el último de los casos mencionados.

El 24de febrero de 2010 el abogado de la Defensoría del Pueblo del Cañar, Milton Ordóñez Gárate, avocó conocimiento de una denuncia de Rufino Fernández Revilla, Presidente del Canal de Agua Gulag Bajo, tramo de la obra contratada en su parroquia, en el sentido de que el valor presupuestado mediante estudios documentados ascendía a 47.825,51 dólares, pero se la contrató por 174.053 dólares, 87 centavos.

La denuncia puntualiza: "No solamente es este hecho sino que viene lo más grave y criticable, es decir que al existir una diferencia enorme de un precio real con el contrato, ni siquiera cumple a cabalidad con las especificaciones técnicas, no ha funcionado hasta el momento ni un solo segundo es imposible creer que lamentablemente funcionarios del MAGAP procedan a elaborar la acta de entrega recepción   El supuesto contratista jamás llegó al lugar de la obra, no le conocemos, pero al que si se le conocía es al ingeniero Washington Manjaret, subcontratista de acento costeño "

La Defensoría del Pueblo del Cañar puso el caso en conocimiento de la Secretaría Nacional de Transparencia, entidad que investigó sobre los contratos de riego, estableciendo que ninguno de los contratistas cumplió sus obligaciones, pero cobraron con sobreprecio rubros de diverso orden, especialmente de provisión de tuberías, que son los que tienen más altos costos.

También intervino en la revisión el Instituto Nacional de Riego, cuyo Director, Patricio Valdiviezo,   en el caso de Gualleturo, expresa: "existen algunas diferencias con respecto a los rubros de estudio, fundamentalmente en lo que se refiere a la tubería Se puede desprender que la obra ha sido construida sin un criterio técnico, debiendo hacerse una readecuación total de la misma, en la que se debe tomar en cuenta varios criterios técnicos con el objeto de que el sistema funcione adecuadamente".

El mismo directivo del INAR presenta informes desfavorables sobre todas las obras de riego contratadas en el Cañar por el Ministro Poveda Ricaurte, mal uso de materiales, fallas técnicas, presunciones de sobreprecio en los materiales, etc.

El 23 de julio de 2010, el Jefe de Equipo de la Dirección de Auditoría de proyectos y ambiental de la Contraloría, Edison Vizuete, comunicó al Ministro de Agricultura Ramón Espinel, que sucedió a Poveda, que "se observa que las cantidades de los rubros planillados por los diferentes contratistas no coinciden con las ejecutadas".

Ejemplos: en el canal Chiripungo se planilló 4.215,8 metros cúbicos de movimiento de tierras por 4 dólares cada metro, sumando 16.863,2 el total, sin que se haya hecho absolutamente ningún movimiento de tierra; en suministro de tubería de PVC, se planilló 60 metros lineales y se verificó que eran 42, con un perjuicio en dólares de 3.799,62.

En sobreprecio de materiales hay resultados que dejan ver significativos perjuicios. Para el canal Chirupungo se presentó facturas de tubería de PVC de 400 milímetros a 211,09 dólares el metro, pero este material tenía en el mercado el precio de 71,48 dólares, registrándose un incremento del 195%.

Tubería PVC de 200 milímetros, se facturó a 46,36 el metro, cuando costaba 13,67 dólares, con sobreprecio del 239%. Una válvula   de aire que costaba 150 dólares, se comprobó que valía 56,34 dólares (sobreprecio del 166%).  

La Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión, en el informe sobre estas obras de riego en Cañar, señala que "existen cobros indebidos de ciertos rubros planillados y que no han sido ejecutados, los cuales en su momento, han sido comprobados por el personal de la Contraloría General del Estado ". Puntualiza que "las principales autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en este caso el representante legal de la cartera en esa fecha, economista Walter Poveda Ricaurte; el Comité Especial de Contrataciones integrado por Edgar Javier Cevallos Saavedra, abogado Javier Edmundo Flores Marín, economista Olmedo Gregorio Farfán González e ingeniero Mario Patricio Balanzátegui Yépez; la Comisión Técnica integrada por el ingeniero Elías Isaías Achi Marín y abogada Mónica García Acuña; y, la Comisión para la entrega recepción de la obra, conformada por la abogada Carola Jacqueline Soriano Hinostroza, Directora de Gestión de Desarrollo Organizacional y Administradora del Contrato, abogado Julio Castillo Martínez y arquitecto Mario Espinoza García, Delegados del MAGAP, al no actuar con la suficiente preocupación y diligencia, al no comprobar los rubros planillados o si los sistemas de riego funcionaban adecuadamente, permitieron que se cancele valores supuestamente sobrevalorados y se firme actas de entrega recepción provisional de obras que no estaban bien ejecutadas".

Dichos funcionarios están inmersos en indicios de responsabilidad penal "por presuntos delitos cometidos en contra de la administración pública descritas en el Libro Segundo, título III, Capítulo V del Código Penal ecuatoriano ", dice el informe que entregara a las autoridades de control el Sociólogo Juan Sebastián Roldán, Secretario Nacional de Transparencia.

Se presume que las actas fueron elaboradas y suscritas sin que los participantes se trasladaran al Cañar para verificar las obras, pues la Secretaría de Transparencia constató que en la fecha indicada ninguno de los funcionarios registró movilizaciones, presentó billetes de pasaje ni cobró viáticos. Los delegados del MAGAP de apellidos Castillo Martínez y Espinoza García, que firman las actas, han deslindado responsabilidades aduciendo que no fue de su competencia establecer el cumplimiento de las normas, rubros, montos, pagos, anticipos, tiempos ni verificación de documentos, especificaciones técnicas, materiales, y señalan que "existe un único responsable técnico de la administración, seguimiento y cumplimiento de todo lo establecido en el contrato, denominado Fiscalizador".