El pueblo escogió su gobierno para los próximos cuatro años y su voluntad es y debe que ser respetada. El economista Rafael Correa Delgado, Presidente reelecto por segunda vez, es depositario de la confianza ciudadana y tiene la obligación de ser leal al clamor de cambios propuesto en su campaña para imponer la igualdad de oportunidades y derechos para todos los ecuatorianos.
El apoyo popular sin precedentes en la historia nacional –inclusive con una mayoría inusitada en la legislatura- le brinda la mejor oportunidad para realizar los objetivos de la “revolución ciudadana”. Para ello y con la experiencia de seis años de ejercicio presidencial, es imperativo que consolide las bases democráticas que sustentan la gestión pública, depurando el equipo gubernamental y quizá desprendiéndose de elementos de su entorno que acaso afectaban su imagen de patriota y estadista.
La enorme votación que recibió el 17 de febrero impone más peso a la responsabilidad del mandatario. Preciso es, por ello, que la ecuanimidad, la prudencia, el bienestar colectivo, sean ingredientes definitorios de la administración del poder concentrado en el pensamiento, las manos y el corazón del gobernante.