En 1978 un ciudadano enajenó una lotización colindante con un espacio municipal, según consta en la escritura con su firma. Pero en 2006 recuperó el “espacio verde”, donó la mitad y vendió la otra parte. Los vecinos que pidieron investigar el hecho sospechoso están enjuiciados “por injurias”, mientras el alcalde dispuso una auditoría del caso, más de un año y medio después de que conoció la denuncia
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| La foto de hace tres décadas, la casa en construcción, con ventanas hacia el área verde, cerradas luego que este espacio pasó extrañamente a propiedad particular, en una foto reciente captada desde un ángulo similar. | |
Jaime Berrezueta y Bertha Jara soñaron con su casa propia en 1977, como ocurre a los matrimonios jóvenes. Ahora él lleva 17 años muerto y ella, abuela, viuda y con un carné de discapacidad, sufre un lío de linderos que es una pesadilla.
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| En escritura de 1978 consta que el dueño de la urbanización enajenó la misma aportando para una compañía inmobiliaria y con su firma señaló que colinda con el terreno municipal que años más tarde volvió a su propiedad y fue donado y vendido, por partes. |
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| Plano de Cuenca en libre circulación con el detalle ampliado donde consta el espacio verde al pie del Parque de Pérezpata |
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| Registro catastral de 2004 que identifica al predio como área municipal, documento recientemente anulado con el sustento de trámites bajo sospecha sobre los que los vecinos reclamaron la investigación. |
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| El donante “generosamente” ocultó su nombre, según testimonios de recortes de prensa |
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| Entre los trámites que “legalizaron” los procedimientos consta el pago de 118 dólares de seis años de tributos, sobre el predio que antes “no consta en el listado de contribuyentes”, por ser bien municipal (Documento bajado del sistema informático de la Municipalidad) |
El esposo, beneficiario de una especialización en Europa, pospuso la obra hasta 1980, cuando volvió a solicitar la línea de fábrica y le confirmaron los detalles técnicos anteriores, con estacaduras para delimitar la propiedad con la vía de retorno. Él y ella se empeñaron en la construcción, tomando fotos del avance y guardando para el recuerdo los recibos de pago de tributos municipales y papeles de los trámites. Planificaron la vivienda a gusto, con un pequeño jardín frente a la vía de retorno y ventanas hacia el terreno colindante, de propiedad municipal, según documentos del mismo dueño de la urbanización.
En 1995 falleció Jaime en un accidente y la viuda y los tres hijos afrontaron el golpe entre la resignación y los sacrificios. La casa inicialmente solitaria en las dos décadas siguientes se llenó de vecinos y el rústico sendero pasó a ser una calle con pavimento, aunque con molestias del predio público abandonado donde a veces, ante los reclamos, la municipalidad le limpió de malezas y hacinamientos de basura.
El vecindario vivía una paz familiar que se alteró de pronto: el primitivo dueño de la urbanización –que la enajenó con escritura en 1978- había recuperado el bien público, pagando 118 dólares por tributos de los últimos seis años, lo dividió y donó la mitad al Colegio de Periodistas y la otra mitad pasó a manos de Manuel Vallejo Chávez, quien fuera presidente del gremio. La donación la hizo Vélez ocultando al público su identidad, como buen altruista, según recortes de prensa.
El terreno que pasó al dirigente periodístico tenía el acceso de 1,40 metros desde la vía de retorno y por la parte superior un barranco. Entonces planteó acciones de comisaría municipal para que la señora Jara demoliera el cerramiento de su vivienda, supuestamente fuera de línea de fábrica, para ampliar su acceso y aunque en dos ocasiones el proceso fue nulitado, el alcalde Paúl Granda ratificó la orden de demolición, pese a que tampoco permitiría al ex presidente del Colegio ampliar la entrada: resultaría absurdo demoler un bien construido 30 años atrás por supuestamente ocupar el espacio público, para que ese espacio utilizara el interesado en la demolición.
Los argumentos de Tania Vásquez, abogada de la perjudicada, no los consideraron los comisarios y en última instancia ni el alcalde: un hijo, dueño legítimo del predio, no fue legalmente citado en el proceso; además, se aplicó una ordenanza de 1995, cuando la supuesta infracción se habría cometido casi dos décadas antes de tal ordenanza. Tampoco se consideró los recibos por pago de la línea de fábrica y permisos de construcción, guardados celosamente por la señora en originales.
Por añadidura, no se hizo la remedición pedida según los planos originales del barrio, a partir del eje de la vía, donde consta que esa propiedad y las de otros vecinos tienen algunos centímetros de desviación por errores municipales, a tal punto que no se construyeron aceras y se cobró por aceras y bordillos.
El conflicto por los centímetros de terreno que podrían ocupar espacio público, es parte de un problema más grave: la sospecha de dolo para convertir una área verde en propiedad privada. Los vecinos de la señora Jara, que pidieron al alcalde Granda investigar el caso fueron acusados de injurias por Vallejo. En tercera instancia, el proceso pasó a casación en la Corte Nacional.
La sospecha tenía sustento: el 9 de mayo de 2005 Vallejo pidió al alcalde Marcelo Cabrera la donación del sitio, íntegramente, para su gremio: “…De acuerdo con los informes del Departamento Municipal de Avalúos, el Concejo dispone de un terreno ubicado frente al parque de Pérezpata… terrenos que constan en la planificación urbana como área verde”, decía con su firma, y añadía: “nos permitimos solicitar que el Ilustre Concejo resuelva cambiar el uso del suelo, es decir, de área verde a uso del Gremio Periodístico…”
Una aclaración en la escritura de donación refuerza la sospecha: “… de aparecer acuerdo, contrato o cualquier instrumento del que se desprendiere que los donantes, con fecha anterior a otorgar este instrumento hubieren ofrecido transferir a la municipalidad o hubieren transferido a dicha institución, será el Colegio de Periodistas del Azuay el encargado de esclarecer tal hecho, sin responsabilidad alguna de los hoy donantes, ni civil ni penal…”
En planos de Cuenca de 2004 y otro que dice 2008-2012, el bien consta como área verde. El primero tiene en la parte superior el escudo de Cuenca y la inscripción Municipalidad de Cuenca. El otro, la imagen corporativa de la administración del alcalde Cabrera. A estos planos se los niega validez, porque uno publicado en 1995 sería oficial, aunque nada diga de la realidad del barrio y de otros sectores de la ciudad, ni se lo venda en las librerías, como se vende el que no es oficial y hasta se exhibe en dependencias municipales.
El 3 de enero de 1978 Vélez, dueño de la urbanización, la enajenó como aporte por 250 mil sucres para formar con otros dos accionistas la Inmobiliaria Su Casa C. Ltda. y en la escritura firma que lindera “con un lote de terreno perteneciente al Municipio de Cuenca”.
El 29 de octubre de 1985 Inmobiliaria Su Casa vende dos lotes a Miguel Morales Villavicencio: en los linderos se señala “al oeste, propiedad municipal” el primero, y “por el oeste propiedad municipal y calle de retorno”, el segundo. El 5 de febrero de 1987 Morales Villavicencio vende a Rolando Tello una casa dentro de los terrenos que fueron de Inmobiliaria Su Casa y la escritura adjunta el certificado Nro. 5.508 de la Registraduría de la Propiedad que confirma está dentro del predio que tiene “por el oeste propiedad municipal y calle de retorno…”
La Registraduría de la Propiedad, el 31 de marzo de 2006 -dos meses después de aquella donación- emite un certificado que ignora 30 años de movimientos, desde 1976 a 2006, como si ninguna de las negociaciones anteriores hubiesen ocurrido hasta cuando el antiguo propietario “recuperó” el predio que enajenó en 1978 para donarlo y venderlo en 2006 por partes.
La “actualización” a nombre de quien enajenó sus predios en 1978, la división, donación y venta del que –con su firma y escritura- lo señala como municipal, se sustentan en un acta del Concejo de 10 de marzo de 1977, documento desaparecido del archivo municipal “hace aproximadamente diez años”, sin que se haya denunciado el caso hasta septiembre de 2012, por reclamo de los vecinos y hasta ahora sin resultados sobre autores o cómplices de la sustracción.
| Unos informes que desinforman | ||
El Presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero –ex Alcalde de Cuenca- , en julio de 2012 pidió al Alcalde Paúl Granda una amplia información sobre los procedimientos para que la área verde pasara a particulares. La respuesta fue un informe del síndico encargado, Diego Vanegas, señalando que según acta municipal del 10 de marzo de 1977, el terreno no era municipal.
En agosto siguiente, el mismo funcionario, como prosecretario municipal, denunció a la secretaria Lorena Cazar que había desaparecido del archivo el acta en mención, documento en el que sustentó su informe. El Presidente de la Asamblea, en noviembre de 2012, insistió al Alcalde Granda la información completa, pues su informe no le satisfacía y se contradecía al afirmar que el terreno no era municipal, con el sustento de una acta inexistente.
En marzo de este año se envió a Fernando Cordero otro informe del mismo prosecretario Vanegas, que alude a la desaparición del acta y sugiere una auditoría para esclarecer el dominio del predio. A pesar de que ignoró las escrituras, planos y pruebas de los vecinos sobre ese bien municipal, se abstuvo esta vez de decir que “no es de la municipalidad”. El Alcalde, el 15 de abril, ordenó la auditoría, para investigar, como pidieron los vecinos hace un año y medio y fueron enjuiciados.
En el primer informe, negó validez a registros catastrales que identificaban al predio como “área verde” y “propiedad municipal”, recomendando que se los enmiende, lo que ocurrió poco después, con un sello que los nulitaba, dando como hecho firme la “actualización”, división, donación y venta del terreno que, según tales catastros, era bien público y como tal “no consta en el listado de contribuyentes”.
El mismo doctor Vanegas elaboró la resolución que firmó el Alcalde el 11 de abril, disponiendo demoler parte del bien de Bertha Jara. Granda ensayaba en el Salón de la Ciudad su discurso para la sesión de cabildo del 12 de abril, cuando Vanegas llegó apresurado con la resolución para que la firmara el Alcalde, acaso sin leerla, pues era apenas menos tan larga que el discurso que le urgía pronunciar en la ceremonia cívica del otro día.
Esa fue la última gestión municipal del doctor Vanegas –a veces prosecretario, a veces síndico encargado-, pues después de las fiestas de Cuenca dejó el cargo. La perjudicada, que construyó su vivienda hace tres décadas, planteó la revisión del caso y su hijo, Diego, el recurso de amparo constitucional, soñando en la justicia. |
