La iniciativa Yasuní-ITT pretendía dejar bajo tierra el petróleo de aquel Parque Nacional a cambio de una compensación económica internacional por la lucha contra el calentamiento global. Ante su fracaso quedó abierta la necesidad de explotar el recurso hidrocarburífero en beneficio del Ecuador.
Los países depredadores de la Naturaleza negaron su aporte y el Gobierno encamina los pasos hacia los campos petroleros, ante una reacción ecologista sorprendente de respetables sectores sociales y políticos del país, cuya posición es comprensible, apoyada en la Constitución que defiende los derechos de la Naturaleza, pero se olvida que no había otra alternativa. ¿Debe renunciarse generosa y “gratuitamente” a extraer el petróleo, principal recurso presupuestario de un país donde predomina la pobreza?
Los recalcitrantes ambientalistas no protestan contra las potencias internacionales causantes de la contaminación que afecta a la humanidad y al Planeta. Un tema tan importante debería priorizar el interés nacional, al margen de fanatismos cegados a la posibilidad de extraer la riqueza petrolera con técnicas que minimicen el efecto ambiental en un área del uno por mil del Yasuní que acaso no amerita sobredimensionar tales impactos.
Lo que importa es que los recursos con los que la Naturaleza ha privilegiado al país, vayan a combatir la pobreza y no al despilfarro o la corrupción. De eso debemos estar atentos, en pie de lucha.