Inés Benítez (IPS)
María vino de Paraguay a trabajar de limpiadora en un hotel y acabó en un club obligada a prostituirse. Una noche se sinceró con un cliente que contrató sus servicios hasta que le consiguió un empleo lejos y se casó con ella
Parece el guión de una película con final feliz, pero es un caso real y reciente, que contó a IPS la trabajadora social Felicia Carmen Marecos, del Consulado General del Paraguay en la sureña ciudad de Málaga. Es una de tantas historias de mujeres que buscaban huir de la pobreza y cayeron en las redes de trata de personas.
La mayoría de víctimas de trata con fines de explotación sexual identificadas en España vienen de Brasil, China, Nigeria, Paraguay y Rumania, según fuentes policiales, que cifran en 12.000 las potenciales afectadas y en cinco millones de euros (seis millones de dólares) la ganancia diaria de las mafias de este delito en el país.
María, un nombre ficticio, vino a España alentada por su hermana, quien ya vivía en Madrid y formaba parte del engaño. Las mujeres forzadas a ejercer la prostitución suelen ser captadas con ayuda de familiares, amigos o conocidos. La joven se atrevió a denunciar su caso. Pero es difícil que las mujeres lo hagan “porque están coaccionadas desde sus países de origen”, advirtió la especialista en migraciones y trata de seres humanos del Colectivo Caminando Fronteras, Helena Maleno.
Muchas no hablan español, están amenazadas, endeudadas, ignoran que hay ayudas, carecen de documentación y temen a la policía. Además, “no suelen reconocerse a sí mismas como víctimas”, apuntó Paula Mandillo, trabajadora social de la asociación malagueña Mujer Emancipada, que en 2012 ayudó a más de un centenar de mujeres, sobre todo nigerianas y rumanas.
El primer informe de la Comisión Europea sobre trata de seres humanos en Europa, publicado por Eurostat en abril de 2013, cifra en 23.632 las víctimas de 2008 a 2010, con un crecimiento de 18 por ciento durante el trienio. Del total, 15 por ciento son niñas y niños. En 62 por ciento de los casos, la mayoría mujeres, fueron captadas para su explotación sexual, en 25 por ciento laboral y en 14 por ciento de otros tipos, como extracción de órganos. España fue en 2010 el segundo país de la Unión Europea (UE) con más víctimas de trata de personas, después de Italia, según el estudio.
Las organizaciones de la Red Española contra la Trata de Personas reclaman una ley integral contra el delito, que penalice todas sus formas y no solo la destinada a la explotación sexual.
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Según Maleno, en España existe un “problema grandísimo”
con las víctimas de trata con fines de explotación sexual procedentes de Rumania, porque su migración
es regular, dado que el país es miembro de la UE. Por ello “no entran en
el circuito de protección que establece el protocolo contra la trata”
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Una joven rumana de 24 años, multada en varias ocasiones por ejercer la prostitución en las calles de Barcelona, se suicidó el 23 de septiembre y solo entonces se supo que había sido víctima de una red que desde 2000 explotó sexualmente a 200 mujeres, y el proxeneta era su propio marido.
Si las autoridades españolas encuentran indicios de que una mujer en situación irregular es víctima de trata, deben notificarle que tiene derecho a un periodo de 30 días de restablecimiento y reflexión. En ese plazo se suspenden los expedientes de expulsión, cuentan con el asesoramiento de una organización especializada y deciden si denuncian y colaboran con las autoridades policiales y judiciales pueden acceder al permiso de residencia, según estableció una reforma de 2009 de la Ley de Extranjería.
“Es un problema que la persecución del delito se base en la denuncia de la víctima. Aunque no denuncie, hay que proteger sus derechos humanos” y eso pasa por no expulsarlas a los países de origen donde su vida puede correr peligro, consideró Maleno.
Muchas nigerianas captadas por estas redes hacen el camino desde su país a pie por el desierto, embarazadas y con niños, hasta Marruecos donde se embarcan en pateras a las costas españolas.
“El periodo de 30 días de restablecimiento es mínimo ante lo que sufren”, apuntó la activista de Caminando Fronteras. En países como Noruega es de seis meses y las oenegés participan en la identificación de víctimas.
La trata de personas se tipificó como delito en el Código Penal español solo en diciembre de 2010, con penas de entre cinco y 10 años de cárcel. Los cuatro casos que desde entonces tienen ya sentencia judicial firme, se resolvieron con condena para los 10 implicados, indicó la religiosa Marta González, coordinadora del Proyecto Esperanza, de la Congregación de las Adoratrices.
Según Maleno, en España existe un “problema grandísimo” con las víctimas de trata con fines de explotación sexual procedentes de Rumania, porque su migración es regular, dado que el país es miembro de la UE. Por ello “no entran en el circuito de protección que establece el protocolo contra la trata” y tienen una gran movilidad dentro del país y del territorio europeo.
Las mafias usan a bebés para pasar a mujeres subsaharianas a territorio español o para coaccionarlas, cuando ejercen la prostitución forzada, alertó. Hasta este año cuando llegaba una patera a la costa, las autoridades no identificaban a los bebés. Pero ahora comenzaron a tomarse sus huellas dactilares y, de manera más incipiente, a realizar test de ADN a mujeres y niños en puntos de control fronterizo, para verificar que sean madres e hijos, dijo Maleno.
En septiembre, el gobierno concedió asilo por primera vez a una mujer víctima de una red de explotación sexual, una nigeriana madre de una niña de tres años, que llegó en patera a finales de 2010 y decidió encarar a la mafia que traficó con ella.