Las normas constitucionales son susceptibles de modificación: la inmovilidad no existe en ninguna actividad humana y si los cambios buscan el mejoramiento, bienvenidos sean. Esto, a propósito del proyecto de enmiendas que la Asamblea Nacional, obsecuente al Poder Ejecutivo, ha puesto en manos de la Corte Constitucional.
 
Digno de reflexión es el tema, que podría interpretarse como un proyecto de acomodar las normas constitucionales a objetivos políticos inmediatos y discutibles. Dos puntos en especial ameritan consideraciones sustentadas en principios democráticos: la reelección indefinida de los mandantes y la reducción de la edad para ser candidato presidencial.
 
La reelección indefinida suena, de por sí, opuesta a la alternabilidad que es sustento de la Democracia. La disminución de la edad para una candidatura presidencial, en estos tiempos en los que cada vez se valora menos la experiencia, puede sonar también a dedicatoria. Poco faltaría para que se pretenda imponer prematuros límites de edad para ejercer un cargo público, inhabilitando a ciudadanos y ciudadanas capacitados para aportar con sabiduría al beneficio colectivo.
 
En todo caso, tales enmiendas deberían consultarse al pueblo y no a la simple resolución legislativa que, por hoy, tiene una mayoría abrumadora que no puede sino favorecer la tendencia oficial dominante.
 

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