Por Eliécer Cárdenas

 

Eliécer Cárdenas
Unos ven el ansia de concentrar recursos por el Gobierno, y otros, un último golpe a la otrora poderosa organización del Magisterio, cuyo remanente son esos fondos administrados por un ex Presidente de la Unión Nacional de Educadores, UNE

 

 
Desde hace décadas, los denominados fondos previsionales que mantenían y mantienen determinados sectores profesionales en el país, como el Magisterio, eran una alternativa para las magras pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que por entonces eran para la mayor parte de pensionistas realmente “de hambre” como se dice, y tan escuálidas que esos grupos de afiliados con alguna capacidad de ahorro, preferían mantener aquellos fondos previsionales como una especie de “colchón” o amortiguador de la penuria para su retiro, y además, para otras prestaciones. Ahora, el Gobierno ha puesto en la mira aquellos fondos –no solamente los de los maestros- para que el BIESS, es decir el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, los absorba y administre, bajo la polémica apreciación de que en el BIESS estarán más seguros y garantizados.
 
Existen varios argumentos respecto a este interés gubernamental por captar los fondos previsionales y derivarlos al IESS, el primero, en el sentido de robustecer de liquidez ese banco, que sin ser gubernamental en los hechos ha actuado como una especie de “caja para emergencias” del Estado ecuatoriano, vía créditos. De otro lado, está la desconfianza a todo ahorro particular, que si es del caso, puede ser direccionado hacia el sistema financiero estatal o para-estatal.
 
Los maestros, sin embargo, han recibido en general con desconfianza y hasta franca oposición la iniciativa oficial de acabar con su fondo previsional y subsumirlo en la masa de recursos administrativos por el Banco del IESS. Unos ven en ello el ansia de concentrar recursos por parte de este Gobierno, y otros, un último golpe de estoque a la otrora poderosa organización del Magisterio, cuyo remanente final 
 
 
son precisamente esos fondos por hoy administrados nada menos que por un ex Presidente de la tan denostada Unión Nacional de Educadores, UNE, justamente la organización gremial que hace décadas apadrinó el fondo previsional de los educadores.
 
Pero esos fondos no son los únicos en la mira, sino que existen muchos oros, de varios ministerios, universidades, etc., que también han sido capitalizados por profesores universitarios en el caso de los centros de educación superior pública, o por los burócratas de diferentes áreas públicas, que si la iniciativa se materializa, irían a engrosar las arcas del BIESS, bajo el polémico supuesto de que esos recursos tuvieron un origen público, algo tan polémico como determinar que si el origen de un sueldo o remuneración en general procede del sector público, aquellos recursos lo son, olvidando que al pasar a manos del empleado o trabajador éstos dejan ipso facto de ser públicos para serlo del asalariado, quien tiene total libertad para colocar esos dineros en cualquier entidad financiera o, en estos casos, en los fondos previsionales a los que se ha adscrito.
 
Pero hay otro recurso más que sirve para apuntalar la pretensión oficial para acabar con el fondo previsional de los maestros, y se entiende de otros, y es el carácter de supuesta obligatoriedad en los aportes. Es decir, los maestros habrían sido “obligados” a aportar al fondo previsional. Pero una cosa es que se les hubiese compelido a hacerlo y otra diferente la obligatoriedad que alguien asume para con los aportes a determinada caja o fondo. Por poner un ejemplo, el afiliado al IESS bien pudiera, siendo afiliado voluntario, salirse de él, pero no puede dejar de aportar mientras no muestre su voluntad de dejar aquel seguro. Sin embargo, la lógica suele sufrir toda clase de retorcimientos ante un objetivo político o “razón de Estado”.

 

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