El juicio contra el ex Presidente por el caso Balda y un sinúmero de episodios de corrupción política, jurídica y económica marcan el ambiente dentro del cual el Ecuador se prepara para una temporada de campaña electoral que terminará en marzo de 2019

Octubre es mes de definiciones políticas con miras a las elecciones seccionales de marzo de 2019, influenciadas por el ambiente de expectativas relacionadas con las investigaciones y procesos de corrupción política, judicial y económica, cuyos protagonistas son altos funcionarios del gobierno anterior, con el ex Presidente Rafael Correa a la cabeza, acusado de liderazgo en asociación ilícita.

El secuestro del ex asambleísta Fernando Balda, en agosto de 2012, en Bogotá, en un operativo planificado y ejecutado supuestamente desde la Presidencia de la República del Ecuador, es el caso en el que están puestos los ojos de los ecuatorianos, pues todos los elementos de convicción propuestos por la Fiscalía ante la Corte de Justicia, identifican al ex mandatario como la cabeza de la operación.

La posición de la Fiscalía se respalda en información desclasificada y en testimonios de los agentes que participaron en el secuestro del político ecuatoriano, que inicialmente perteneció a las filas políticas de Rafael Correa. Según ellos, obedecían órdenes superiores provenientes en primera instancia del Presidente.

En la última semana de septiembre fueron las audiencias preparatorias, para el llamamiento a juicio al ex Presidente. En medio de la tensión propia de la instancia judicial, no faltaron los incidentes, así como el uso de recursos al margen de la Ley en el intento por disuadir a los agentes policiales claves contra el ex mandatario, para que se retractaran de las acusaciones.

En efecto, el 24 de abril, en vísperas de que se instalara la audiencia, la asambleísta Sofía Espín, acudió al centro carcelario donde guarda prisión la agente Diana Falcón –acusadora contra Correa- para supuestamente proponerla retractarse a cambio de obtenerla un asilo en Bélgica. Debería justificar el cambio de criterio aduciendo que fue presionada para involucrar al ex Presidente.

   El escándalo no se hizo esperar y el caso sería más que un incidente judicial, un empeño por distorsionar la verdad de los hechos en investigación. La asambleísta del ala que apoya a Correa podría incurrir en causales de enjuiciamiento y destitución de sus funciones.

   Otro tema de corruptelas –y de los actuales tiempos- es el de as ambleístas que han extorsionado a sus asesores y empleados obligándolos a entregarles parte de sus remuneraciones a cambio del cargo. Contraloría y Fiscalía estudian los casos denunciados, para asumir las posiciones legales que correspondan. Un caso más de tantos que van descubriéndose después de una década del correato. Los ecuatorianos, al elegir asambleístas, están dándoles a ellos la oportunidad para tener un cortejo de asesores y ayudantes, lo que debería cuestionarse, para evitar todo un sistema de creaciones burocráticas con visos de corrupción.

Y no acaba todo allí: el Consejo de la Judicatura Transitorio acaba de descubrir que se han producido sobreprecios millonarios en la construcción de complejos judiciales en la administración del gobierno anterior.

En forma somera, este es el ambiente dentro del cual el Ecuador entra en una etapa pre eleccionaria de dignidades seccionales que no podrá dejar de estar matizada por estas evidencias.