Una de las lecciones que habrá dejado el período de campaña a los políticos de oficio es la de que la juventud ya no se deja atraer por las viejas prácticas con que antaño acostumbraban enfrentarse los bandos contendientes en las lides electorales. Una nueva conciencia social parece haberla blindado contra el improperio, la ofensa y la denigración como instrumentos persuasivos
Como siempre ocurre después de las elecciones, hay sectores sociales que tardan en reponerse de las sorpresas que arrojaron los resultados, sobre todo en cuanto conciernen, en el presente caso, a los gobiernos seccionales. Es comprensible que quienes apoyaron las propuestas de un candidato que no fue el favorecido, demoren en hallar conformidad; pero de ningún modo es justificable que la decepción se haya ventilado con encono a través de las redes. Por supuesto, tal actitud está reñida con la propia definición de democracia, pues supone que su ejercicio más importante -la voluntad colectiva expresada en las urnas- solo es válida en la medida en que las decisiones colman las expectativas personales.
Sin embargo, cabe esperar el reconocimiento colectivo de que los nuevos electores, en buena parte recién incorporados a la experiencia electoral, han demostrado un alto grado de capacidad reflexiva al haber puesto la conducción de los destinos seccionales en manos de representantes de los ámbitos tradicionalmente preteridos de la sociedad, sin mayor cuidado de las tendencias partidistas o ideológicas. En tal sentido, la victoria obtenida por los candidatos, especialmente en el Azuay, puede ser estimada como un triunfo juvenil. Cansado de los antiguos líderes, tan pródigos en ofrecimientos como incapaces a la hora de cumplirlos, el país ha optado por el relevo generacional y ha puesto al frente de los gobiernos locales a personajes por cuyo triunfo nadie habría apostado el día anterior a los comicios.
Como consecuencia de ello, esperan en la antesala de la escena pública mujeres y dirigentes populares que van a estrenarse en las tareas de administración gubernamental y que tendrán la oportunidad de demostrar, al cabo de su mandato, que realmente fueron dignos de la confianza mayoritaria del electorado, en la medida en que evitaron repetir los desaciertos de sus predecesores. Por lo pronto, su sola presencia dominante en aquellos espacios de poder permite avizorar con optimismo el porvenir.
Una de las lecciones que habrá dejado el período de campaña a los políticos de oficio es la de que la juventud ya no se deja atraer por las viejas prácticas con que antaño acostumbraban enfrentarse los bandos contendientes en las lides electorales. Una nueva conciencia social parece haberla blindado contra el improperio, la ofensa y la denigración como instrumentos persuasivos. Como prueba, es suficiente recordar que hubo un joven candidato sobre el cual llovieron día y noche mil ataques a través de las redes y que, tal vez gracias a aquellos, coronó su primera carrera política en un honroso segundo lugar. Si hubiera dispuesto de un par de días más para seguir siendo objeto de burlas, habría estado hoy de seguro, como buen cuencano, cantando la victoria.
Sin embargo, debe preocupar a la sociedad el que, en varios casos, la campaña de deslegitimación contra algunos candidatos, aun después de que obtuvieron el favor del voto ciudadano, las deslegitimaciones aludieran a la condición personal o, más tenebroso aún, al origen étnico, como para espantarse de que a estas alturas del tiempo haya mentes que todavía no han logrado salir de la colonia. Sobre este ángulo lacerante del tema, tal vez tendrá sus razones el mandatario mexicano para reclamar a España por los horrores de la conquista, que cobró tantas víctimas entre los pueblos aborígenes; pero a una sociedad en cuyo seno se permiten descalificaciones fundadas en prejuicios étnicos, como se ha practicado últimamente entre nosotros por las redes, no le asiste la fortaleza suficiente para exigir disculpas a nadie, ni siquiera a quienes en estos últimos años la han hundido en la pobreza.
Entre tanto, a las nuevas autoridades les queda el reto de hallar el mejor camino para dar cabal cumplimiento a sus promesas. Entre ellas hay una que ha originado mayor expectación ciudadana en la provincia del Azuay: alejarnos del peligro de la explotación minera, una tarea que por supuesto incumbe a la sociedad azuaya en su conjunto. Ya ha transcurrido casi un siglo desde cuando Mariátegui advirtió sobre la miseria a la que la naturaleza condenaba a los pueblos que permitían que la codicia penetrara en sus entrañas, a expensas de la verdadera fuente de vida, que era la explotación agrícola.