por: Oswaldo Jiménez G.*

Ningún político ha hablado de garantizar que no entre la minería informal en las zonas detectadas y su discurso contra la minería se enfoca exclusivamente al agua, eludiendo las necesidades prioritarias, educación, salud, conectividad, salubridad, etc.

La minería fue una piedra angular de la economía en el proyecto de desarrollo del controvertido gobierno de Rafael Correa, junto con la producción de energía de nuevas centrales hidroeléctricas, a más de potenciar la producción empresarial a través del acercamiento con la universidad y la ampliación de la base de recaudación fiscal.

El diagnóstico económico del Azuay es grave. Agrícolamente no ha superado el techo que en el concierto nacional garantice un crecimiento sostenido. Lo industrial se ha centrado en Quito y Guayaquil y con alguna proyección en toda la costa. Azuay ancestralmente vivió en la marginación del poder central y desde la Colonia estuvo relegada a ser un espacio proveedor.

El Plan Nacional de Desarrollo del sector minero 2011-2015 establece teóricamente la ampliación y diversificación de la frontera minera e identifica los proyectos Fruta del Norte, Mirador, Panantza-San Carlos, Loma Larga y Río Blanco, ubicadas en zonas de protección indígena o cerca de ciudades, como los dos últimos, en Azuay.

¿Qué hay sobre estos proyectos mineros? Poca información técnica, mucha politiquería y demagogia tremendista. Un análisis serio debería situar al hombre como beneficiario de los recursos, dando como un hecho que existe la riqueza minera y su explotación técnica no contaminará las aguas y, si lo hace, en qué medida.

Creer que por la protesta esa riqueza quedará intacta es como si en la casa del “muerto de hambre” el pastel durará hasta el otro día. Apenas sean revocadas las concesiones vendrá la invasión, como ocurrió en Buenos aires, Imbabura; Monte Olivo en Carchi, o Esmeraldas. Las tierras donde se detectaron riquezas minerales están condenadas a la depredación legal o ilegal. ¿Preferimos una explotación racional o una anárquica o caótica? ¿Un beneficio público o para el bolsillo de los ilegales?

El problema de Cuenca y la región no es la minería, sino el centralismo. Los índices de desempleo y precarización laboral son un lastre para el desarrollo. La minería formal algo paliaría el desajuste con empleos directos e indirectos. Si en la participación fiscal Azuay no recibe lo necesario para su desarrollo, no vendría a mal la explotación minera. El tremendismo político debe dejar de asustarnos con el cuco de que moriremos de sed. En gran parte del país el elemento vital se desperdicia.

Cuenca debería plantearse una hoja de ruta fruto de concertación, con planteamientos concretos, como la creación de una oficina de estudios y estrategias con miras a la regionalización centro-sur; la viabilidad de la explotación minera; y la creación de un frente político de unidad regional.
En conclusión, Azuay es una provincia deprimida, con una población desempleada o en la informalidad, víctima del centralismo injusto sustentado en la política clientelar. Si la minería legal puede resolver en parte estos problemas y auspiciar crecimiento y desarrollo sostenido, bienvenida sea. Ningún político ha hablado de garantizar que no entre la minería informal en las zonas detectadas y su discurso contra la minería se enfoca exclusivamente al agua, eludiendo las necesidades prioritarias, educación, salud, conectividad, salubridad, etc.

No puede dejar de considerarse en el debate sobre la minería, el hecho de que el agua se desperdicia, así como que la tecnología ha permitido que ciudades enclavadas en desiertos inhóspitos la obtengan a través de la desalinización o mediante sistemas de esclusas de almacenamiento para regular y controlar el líquido vital en condiciones apropiadas para los seres vivientes.

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