Muy mal parado se encuentra el presidente de la República frente a la pugna con el legislativo.

El presidente Lasso está en su peor momento, pero tampoco los sectores políticos de la Asamblea que pugnan por empujarlo, son dignos de confianza pública para mantenerse en sus funciones tan venidas a menos.

El Ecuador está al borde de un abismo. Si es destituido el presidente Lasso, ¿ganará algo el país? Si se queda, ¿podrá gobernar los próximos dos años que le quedan de mandato?. La encrucijada es fatal y solo deja dudas e incertidumbres sobre el destino inmediato del Ecuador.

La población ecuatoriano acude al espectáculo de la pugna entre la Asamblea Nacional y el gobierno. Una pelea sobre todo política, marcada por los empeños de quienes quieren volver a la “década perdida” plagada más que de sospechas de corrupción y autoritarismo y que ha dejado un ex mandatario sentenciado y prófugo, numerosos asilados y protegidos en el exterior y pocos alojados en prisión. Y no pocos amnistiados o liberados por componendas y tratos.

En torno al presidente Guillermo Lasso hay presunciones de responsabilidad por omisión frente a la dolosa utilización de influencias de su entorno en la administración pública y en casos de narcotráfico. El proceso para la destitución debería sustentarse en el dictamen con el que la Corte Constitucional avaló el juicio político contra Lasso por supuesto peculado en un contrato de la Flota Petrolera Ecuatoriana con Amazonas Tanker para el arrendamiento de buques, firmado en el gobierno de Lenín Moreno, pues desechó otros cargos por concusión que también le imputaban.

El gobierno y la Asamblea han perdido la confianza de la colectividad ecuatoriana y uno y otro deberían ir al costado, para encontrar la solución de la crisis social, política y aún económica en la que se debate la nación. Ninguno merece mantenerse en lo que resta de su período. Pero tampoco allí estaría la solución: ¿qué confianza se podría tener en el segundo mandatario, el vicepresidente, un ciudadano absolutamente desconocido en el campo político y de la administración pública, que ha guardado un perfil de silencio gubernamental y ante la sociedad? El país se encuentra en un callejón sin salida.

El Consejo Administrativo de la Asamblea, presidido por el adversario de Lasso, Virgilio Saquicela, dio luz verde para el juicio por la destitución del mandatario

El proceso constitucional con el que un sector de la Asamblea pretende destituir al presidente de la República, está en marcha. Los interesados en su salida demuestran desesperadamente el interés por lograr su objetivo y cuentan con el apoyo del presidente del organismo, ciudadano que accedió a la función por avatares de la suerte política y que, en varias oportunidades, ha confesado su interés por desalojar de Carondelet al señor Lasso. ¿No sería razonable, ético y prudente, que al menos aparentara una posición de neutralidad frente a la crisis? Son los tiempos, y los personajes, que le ha tocado sufrir al país para tener autoridades en altas funciones sin los valores e integridad cívica, sin patriotismo ni responsabilidad por las consecuencias de sus actuaciones.

El momento actual es el más crítico que soporta el Ecuador en el orden administrativo y político, desde que en 1979 recuperó la vida democrática. Nunca se ha llegado a peores situaciones. Ni el gobierno, ni la Asamblea, tienen méritos para defender su gestión. El destino del país está en juego y está en juego la subsistencia, la paz y confianza que requiere el pueblo –el electorado-, quien financia la presencia de los gestores públicos con su peculio, con sus tributos, con su sacrificio. Ni uno ni otro responden a sus expectativas ni tienen la respuesta que deberían dar a quienes les dieron la posibilidad de “servir” al Ecuador.

Una especie de desintegración cunde en el país, acosado además por la inseguridad, la ola de crímenes, de delincuencia, con fuerzas clandestinas más capacitadas que la fuerza pública a la que amenazan, desafían y quizá hasta en la que se involucran.

Y por sobre todo, el país está también amenazado por los volcanes, los movimientos telúricos, el invierno y sus secuelas, capaces de desmoronar la moral y la voluntad de la gente desamparada, con poderes públicos enfocados en pugnas políticas cotidianas protagonizadas por ineptos personajes investidos de inmerecida autoridad.

Un tiro por la culata

Como para distraer la atención ciudadana, el presidente de la República ha decidido autorizar el uso de armas de fuego a los civiles, para protegerse de la delincuencia y el crimen. La propuesta no ha recibido respaldo de nadie: es al Estado al que compete la obligación de proteger a la sociedad, a través de la fuerza pública especializada y cuya función le incumbe.

Armas para la defensa, controvertida y apresurada decisión del gobierno.

Armar al pueblo sería auspiciar respuestas de la misma peligrosidad y quizá mayor que la de los malhechores y delincuentes. Tener un arma en casa, además, es un riesgo familiar de impredecibles consecuencias, por más que el uso de la misma esté regulado y bajo control.

No es, pues, sino una salida, de las muchas que suelen echar mano los gobernantes para desviar la preocupación ciudadana sobre problemas políticos que les acosan cuando no están capacitados para cumplir sus propias responsabilidades.

Entidades públicas, de derechos humanos, de la academia, de la sociedad civil, de los gremios institucionales, se han pronunciado en contra de armar a la población ecuatoriana. Fue un error gubernamental semejante propuesta, otro tiro que se le escapó por la culata al gobernante acosado por múltiples frentes adversos.