Grupos internacionales de traficantes de estupefacientes con vínculos nacionales, han puesto en vilo al Ecuador. El presidente Noboa los declaró la guerra y las fuerzas armadas y la policía los combaten bajo el estado de excepción que faculta usar armas letales

Los grupos de delincuencia organizada tienen sus cuarteles en las cárceles, por años bajo su control, al punto que las autoridades nominadas del Ejecutivo no han sido más que personal a su servicio. Los narcotraficantes y criminales más peligrosos, residentes en las prisiones, han tenido en ellas refugio y fortaleza para dirigir operativos delincuenciales como nunca antes se habían dado en el Ecuador.

Los cabecillas de organizaciones delictivas, aparte de llevar vida cómoda y aún suntuosa en prisión, han contado con sistemas de información para coordinar operativos criminales tanto al interior y fuera de las penitenciarías, incluyendo la posesión de armamento capaz de competir con el que legalmente está bajo la orden de las fuerzas armadas y los organismos responsables de la seguridad nacional.

El presidente Daniel Noboa apoya la gestión valiente de la Fiscal.

El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, el 9 de agosto pasado, fue una de las acciones temerarias de los complotados en el mundo del tráfico de drogas, con el sospechoso apoyo de sectores políticos de los que hay evidencias -inclusive fotográficas- de la relación que mantenían autoridades del gobierno con miembros de mafias del narcotráfico y la delincuencia organizada.

Jueces y fiscales han sucumbido ante las amenazas o las tentaciones económicas de bandas del narcotráfico y también se han dado casos de sicariatos para aterrorizarlos a fin de que evadan la aplicación de las leyes y las sanciones. Jamás en el Ecuador se había llegado a niveles de tamaña precariedad e insolvencia en la administración de la Justicia, con las excepciones debidas.

Los antecedentes de semejante descalabro vienen de años atrás, cuando las primeras bandas criminales encontraron abiertas las puertas de oficinas públicas para acogerlos bajo el engaño de la redención o bien para disponer de tramas del narcotráfico en expansión global.

La Fiscal Diana Salazar es una fortaleza en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción.

La investigación nominada Metástasis por la Fiscalía ha desnudado de cuerpo entero las conexiones de mafias políticas y jurídicas con organizaciones criminales garantizadas por la corrupción, para actuar como lo han venido haciendo intensamente y en forma creciente e impune desde más de una década atrás.

La guerra declarada por el Estado contra estas mafias tiene el apoyo popular que respalda esta decisión del gobierno. Las pretensiones de sembrar el terror -inclusive con la absurda toma de un canal de televisión obligado a transmitir el ataque a periodistas de un medio público- fracasaron ante la intervención defensiva de la fuerza pública que tomó prisioneros a los delincuentes armados, encapuchados y desaforados.

Los operativos contra el crimen organizado han permitido, desde la declaratoria del estado de excepción el 9 de enero, que más de 2700 delincuentes hayan sido capturados para someterlos a la Justicia. Dadas la grave situación emergente por la que atraviesa el país, se espera que los autores de secuestros, extorsión, asesinatos y robos a mano armada, no sean liberados por jueces que bajo sospechosas actuaciones han solido declararlos inocentes.

El presidente de la República anunció que no cederá frente a las amenazas de criminales y narcotraficantes. Su determinación tiene el respaldo de organizaciones políticas, de las instituciones del Estado y sobre todo del pueblo, pues ya no puede seguir soportando indiferente las amenazas que le habían condenado a vivir a sobresaltos y constante peligro en las calles y hasta en los hogares.

Aspecto de la toma terrorista del canal de televisión TC, con un periodista amenasado con armas.

Dos meses han transcurrido desde que Daniel Noboa asumió la presidencia de la República, para el corto período de apenas un año y medio, tiempo durante el cual tiene el reto de pacificar al país, para lograr un ambiente de paz y seguridad, para que pueda continuar vigente la democracia. Vivir bajo las amenazas del terrorismo no es democracia.

El pueblo apoya las medidas del gobierno por la pacificación nacional, pero sobre todo, apoya el trabajo de la Fiscal Diana Salazar, con valentía y responsabilidad, funcionaria y persona a la que el Estado debe garantizar su seguridad, frente a las amenazas del crimen organizado y también de sectores políticos cuyos líderes fiscalizados, sindicados y condenados, pretenden alejarla de su cargo.