por: Ángel Pacífico Guerra

La indolencia de las autoridades locales y provinciales frente al abandono de la vialidad, consagra también la indolencia del gobierno central al que es preciso elevar demandas y protestas con energía para recibir respuestas satisfactorias definitivas

La vialidad del Azuay y su conexión con el resto del país sufre una emergencia espantosa. Hace años que el ministerio de Obras Públicas, aparte de ocasionales declaraciones de sus cambiantes titulares, sin sustento programático alguno, en la práctica ha dejado de estar presente en la jurisdicción territorial del austro ecuatoriano.

Ha sido y es permanente el discrimen con el que los gobiernos han abordado la problemática de las carreteras de la región. El pasajero gobierno actual y el intenso invierno han acabado por tornar intransitables vías importantes del Azuay y de la conexión con la costa y el norte del país. La Cuenca-Girón-Pasaje es una vía precaria de la que hace años ya desapareció el pavimento en muchos tramos. Igual acontece en la carretera de Molleturo a Guayaquil. Las dos son vías primordiales para la conexión entre zonas intensamente relacionadas para el comercio, el turismo y todas las actividades comunes entre polos de desarrollo.

Ya poco o nada se puede esperar de la administración del país que va camino a concluir sus funciones, pero es hora de levantar clamorosas reclamaciones para que el discrimen vial llegue a término. El contraste entre la características de las carreteras del norte del país, de la costa y, hasta de la amazonia, son notablemente superiores a las del austro ecuatoriano. Esto no puede continuar en forma tan deficitaria, durante la administración que iniciará su gestión en mayo próximo. Por justicia social, por democracia, por obligación pública, el nuevo gobierno deberá asumir la responsabilidad de enfocar su atención en el tema vial al Azuay y a las provincias australes.

La advertencia debe hacerse no solo al gobierno central. La desidia de autoridades locales y provinciales frente a la crisis vial ha sido notoria en varias administraciones de hoy y de ayer. No se ha levantado la voz, no se ha protestado, no se ha reclamado con la fuerza necesaria para que la burocracia capitalina revuelva la mirada sobre la crisis de la vialidad de esta zona.

Autoridades de ninguna otra región del país permanecerían indolentes como las nuestras ante la tragedia de la vialidad y las trabas de la comunicación. Si en Guayas o en Pichincha hubiera carreteras destrozadas como las del austro, sus autoridades, con justicia y derecho, elevarían protestas y reclamos. Acá no pasa nada y funcionarios de representación local y provincial no se inmutan ante la precariedad de la vialidad de sus jurisdicciones.

Durante la reciente campaña electoral los candidatos presidenciales tuvieron en el tema vial de la zona un ingrediente para sus promesas políticas. Ahora que se deberá enfrentar la realidad con los pies sobre la tierra, es oportuno reclamar a los vencedores en la contienda, para que sus palabras aduladoras en busca de votos no queden en el vacío, como ha sido tradición en la historia de la realidad regional de siempre.

Cuenca y el Azuay no merecen las paupérrimas condiciones de la carreteras de la jurisdicción. La destrucción es casi total, afectando en todos los órdenes de la convivencia a la población y a pueblos y ciudades a las que ya es tiempo se las haga justicia dotándoles de una vialidad racional y cómoda para el desarrollo normal de la vida cotidiana.