Quimsacocha, paraje volcánico milenario, reserva acuífera que regula un ecosistema frágil, fuente de aguas de consumo humano y riego agrícola, que se contaminarían con la explotación minera.

En 1925 ocurrieron protestas populares contundentes por la escasez de la sal, debido a imprevisiones del gobierno. Un siglo después, otra causa contundente afronta a Cuenca y al Azuay con el gobierno, en defensa del agua amenazada de contaminación minera letal en los páramos de Quimsacocha.

Los españoles llegaron con la fiebre del oro antes de fundar Cuenca en 1557 y la minera canadiense Dundee Precious Metals la reactiva, en 2025. La primera explotación diezmó la población nativa y la de hoy podría envenenar el agua que consume la mitad de los 600 mil vecinos de Cuenca y zonas aledañas. Y serán muchísimos más en corto tiempo.

Pero los siglos no han corrido en vano: Cuenca impedirá la contaminación de sus fuentes milenarias donde nacen ríos y quebradas que vitalizan los campos, los cultivos, inundan de poesía los paisajes y, sobre todo, regalan salud y vida a la población: el grito unánime es ¡No a la Minería!

Prospección minera, para extraer muestras mineras desde las profundidades. La instalación pertenecía a la empresa Iamgold, que cambió de nombre y se ha transferido a la actual Dandee Precious Metals, de Canadá

Quimsacocha -Tres Lagunas, en quichua- es la caldera de un volcán apagado hace millones de años, a cuatro mil metros sobre el nivel del mar, un humedal que embalsa y regula los caudales de las lluvias para mantener el ecosistema protector de flora y fauna, el regadío agrícola, la formación de los ríos Tarqui y Yanuncay, que atraviesan por Cuenca.

La Naturaleza -cuyos derechos protege la Constitución de la República-, ha ubicado a Quimsacocha en una cumbre geológica estratégica, de cuatro kilómetros de superficie, desde donde sus acuíferos drenan al oriente hasta la amazonia por los ríos Paute y Santiago al Océano Atlántico y, hacia el occidente, por los ríos Girón, Rircay, Naranjos y otros, que vierten al Pacífico. Una divisoria de aguas rumbo a los dos océanos.

Dundee Precious Metals ha obtenido licencia ambiental para explotar oro, plata, cobre y otros metales en Quimsacocha. El proyecto se llama Loma Larga. Desde hace más de veinte años varias compañías exploraron la zona pretendiendo los yacimientos. Unas se fundieron, otras compraron los derechos, hasta que la canadiense -multinacional presente en varias partes del mundo-, ha llegado a lo más avanzado del intento de explotación.

El ministerio del Ambiente acogió el estudio ambiental de la compañía interesada, que adolece de adulteraciones de la realidad ecológica, ubicación geográfica y tiene afirmaciones sin sustento científico, para ignorar las afectaciones contra el macizo milenario. El arsénico, plomo, mercurio y otros metales pesados usados en minería contaminarían las fuentes de agua y el recorrido de sus cauces hacia oriente y occidente, incluida la ciudad de Cuenca: la planta potabilizadora de Yanuncay, en el trayecto, suministra el líquido a media población de la capital azuaya.

Desde hace veinte años las exploraciones mineras irrumpieron en el antiguo cráter y alrededores, causando las primeras alteraciones ambientales.

Un equipo profesional multidisciplinario de la Empresa de Teléfonos, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Ambiental (ETAPA), de la municipalidad de Cuenca, estudió rigurosamente el informe cuestionado, llegando a conclusiones alarmantes que han unido a sectores académicos, de salubridad, de los barrios, de la industria y de la sociedad civil, en un frente de defensa de las fuentes de Quimsacocha. Además, desde 2019 tres consultas populares de Cuenca y del Azuay dijeron No a la minería en fuentes de agua, pronunciamiento de obligatorio cumplimiento.

El documento de ETAPA -140 páginas- señala que la explotación minera en Quimsacocha causaría afectaciones irreversibles en los suelos, la flora, la fauna y el aire en la región de influencia, además de que el suministro de agua a Cuenca depende exclusivamente de los ríos y páramos, ecosistemas frágiles que requieren especial protección.

El estudio de ETAPA no deja ni un detalle suelto: el proyecto Loma Larga está en las cuencas altas de los ríos Irquis y Portete que abastecen de agua, riego y abrevadero, sin que haya otras fuentes sustitutivas para las poblaciones de Tarqui y Victoria del Portete: “Esta situación debería ser suficiente justificación para desestimar la viabilidad del proyecto por cualquier ente gubernamental…”, apunta.

El proyecto tendría doce años de vida útil, durante los cuales la tasa de producción sería de tres mil toneladas de roca por día, con excavaciones, drenajes y uso de arsénico, níquel, plomo, aluminio, cadmio, hierro y otros metales tóxicos que se filtrarían hacia quebradas que alimentan ríos vitales para el consumo humano y agrícola en la región de Cuenca, causando daños a perpetuidad.

En los doce años se estima extraer 13 926 476 toneladas de roca para obtener 62,4 toneladas de oro. Según ETAPA el estudio ambiental aprobado por el ministerio del Ambiente adolece de incorrecta delimitación, antitécnica, del área de influencia directa, fijada en 2.147,6 hectáreas, sin considerar las cuencas hídricas cercanas y peor la influencia en los ríos Tarqui y Yanuncay.

El material extraído se prevé triturarlo sobre la superficie, a donde llegarán combustibles, explosivos, se instalará talleres, se construirán vías, se montarán campamentos para cientos de obreros, y subestaciones eléctricas, sobre los cursos de agua y humedales que forman quebradas y fuentes de los ríos Irquis y Portete. El estudio pormenorizado de los técnicos de ETAPA no encontró levantamientos de impacto ambiental, controles, mitigación ni evaluaciones. Los errores en la delimitación geográfica no permiten valorar el verdadero alcance de las afecciones ambientales y humanas en las fases de explotación, beneficios y cierre, lo que eleva el riesgo del proyecto Loma Larga. Las omisiones causan dudas sobre la sustentabilidad del ecosistema.

Las amenazas son tanto más alarmantes si se considera que los monitoreos, en los últimos diez años, mostraron que las actuales condiciones físicas, químicas y bacteriológicas del agua en estas fuentes tienen calidad excelente, “con índice WQI superior a 90 puntos”. ¿Y se pretende contaminar esta excepcional pureza? El último párrafo del estudio de ETAPA es contundente afirmación de la inconveniencia del proyecto Loma Larga. Dice:

“Todo lo descrito en el presente informe genera una elevada incertidumbre sobre la validez de los estudios, lo cual conlleva a una valoración errada de los impactos ambientales, por lo tanto el riesgo que ocurran daños graves potenciales e irreversibles al medio ambiente especialmente al frágil ecosistema de páramo y a los ecosistemas acuáticos es elevado, lo cual afectaría al derecho al agua en cantidad y calidad. También el presente informe evidencia la falta de supervisión efectiva y un déficit en la revisión de estudios y falta de rigurosidad en la exigencia de estudios faltantes al proyecto minero Loma Larga por parte del MAATE (ministerio del Ambiente), quien está llamado a garantizar la protección ambiental y el manejo sostenible de los recursos hídricos, lo cual pone en riesgo la sustentabilid del frágil ecosistema del páramo de Quimsacocha, conllevando a que la naturaleza esté en estado de indefensión, ante lo cual necesita la adopción de medidas protectoras oportunas y eficaces por parte del Estado, ya que la naturaleza es sujeto de derechos de acuerdo a lo estatuido en el artículo 10 de la Constitución de la República del Ecuador”.

Los mandatos constitucionales

En febrero de 2007, el gobernador del Azuay, Oswaldo Larriva, al centro, visitó la zona para constatar la exploración minera, origen de la actual amenaza contra la ecología, el ambiente y la vida.

Si se respetara la Constitución sería ocioso discutir sobre si se hace o no minería en las fuentes de agua. La “Carta Magna” lo prohíbe expresamente y defiende los derechos de la naturaleza. El artículo 10, numeral 9, dice: “El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución”.

El artículo 406 apunta: El Estado regulará la conservación y uso sustentable, recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; entre otros, los páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas marinos y marino costeros”.

El artículo 72 dice: “La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas ambientales afectados.

El artículo 73: “El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de ciclos naturales”.

Por añadidura, una resolución de 209 del ministerio del Ambiente determina que en zonas de ecosistemas ambientales frágiles solo están permitidas actividades de ecoturismo, bajo estricta vigilancia de las autoridades pertinentes. ¡Y se quiere hacer minería a gran escala…!

La defensa de Quimsacocha, fuente vital para las presentes y futuras generaciones de la región beneficiaria, ha unido a todas las organizaciones e instituciones de Cuenca para reclamar contra el proyecto minero Loma Larga. Ojalá esta movilización cívica unánime, no resultare el pregón de campañas políticas de ciertos personajes que tienen puestos los ojos en las elecciones y reelecciones seccionales de 2027.