por: Ángel Pacífico Guerra
Es necesario que se aclare en forma contundente la verdad o la falacia de las campañas para ponderar el maltrato y la desatención médica de personajes sentenciados o condenados por corruptos
Los políticos, con frecuencia, cuando han sido sorprendidos en actos negativos, o cuando han ido presos por la misma causa, buscan protección en la medicina: se tornan pacientes de las enfermedades más raras y encuentran profesionales que certifican sus diagnósticos. Eso ha pasado antes y continúa sucediendo en el presente, por lo que, aunque de verdad estuvieren con dolencias, se pierde la credibilidad en ellas.
Todo ser humano es proclive a sentir los estragos de la prisión. No han ido a parar allá por descanso o vacaciones, sino para cumplir condenas o mantenerse a buen recaudo de escondites o fugas, mientras se tramitan los procesos judiciales que acabarán en sentencias. El ex vicepresidente Jorge Glas en casi la última década más ha sido huésped de las cárceles que de su residencia o de embajadas donde se ha puesto bajo recaudo.
Una campaña nacional e internacional se ha desplegado para ponderar las condiciones de salud del ex segundo gobernante, sentenciado por asociación ilícita y corrupción para perjudicar al Estado y obtener ganancias particulares. Como él, muchas personas en prisión deben sufrir las consecuencias de la privación de la libertad, pues a más de causar baja de peso corporal, debe producir estragos sicológicos. Más aún, tratándose de personajes que, tras gozar las delicias del poder y sus consiguientes ventajas y holgadas condiciones de vida, han ido a parar detrás de las rejas penitenciarias. Las certificaciones médicas oficiales sobre la salud de Glas contradicen las imágenes del rostro encanijado que difunden las redes sociales. En estos tiempos, cuando la inteligencia artificial permite hacer que hablen hasta los muertos, todo puede arreglarse para ponderar el mal estado físico del detenido.
Todo puede ser, pero ya deberían pararse las denuncias y reclamos con pruebas contundentes. Si el personaje realmente padece enfermedades, debe ser sometido a tratamientos en el lugar especializado que corresponde; pero si se trata de dramas y falsedades, debe también probarse su falacia, pues al gobierno, a las autoridades penitenciarias ni a la ciudadanía, debe engañarse de una u otra forma, según las conveniencias.
Y para colmo, don Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil implicado en hechos de corrupción y encarcelado, ha ido a un tratamiento médico con razón o fingimiento, pero ha decidido no someterse al tratamiento médico y ha ido de vuelta a la prisión del Encuentro. Es otro caso que debe esclarecerse por completo, pues están de por medio consideraciones y derechos humanos, o argucias que de ser tales deben probarse e informarse públicamente con celeridad inmediata.
Ninguna persona privada de la libertad puede estar exenta de sufrir las consecuencias del encierro reflejadas en el rostro, pues el propio enclaustramiento, sin hacer nada dentro, ha de provocar anormalidades en la fisonomía, el peso y hasta el color en el rostro de los seres humanos, lamentablemente, llevados a semejantes condiciones por actos reñidos con la vida de los demás integrantes de la sociedad. Que la auténtica verdad se esclarezca, es lo deseable y necesario.