Varios alcaldes del Ecuador están sujetos a investigaciones de la Contraloría y la Fiscalía, inclusive con algunos de ellos en prisión para que respondan ante los tribunales de justicia por actuaciones sospechosas de dolo. Los argumentos de “persecución política” invocan los implicados para proclamar su inocencia y defenderse, a pesar de pruebas en contrario.
La Municipalidad de Cuenca se ha preciado de la histórica pulcritud de sus autoridades, pero a la administración del alcalde ahora suspendido por extralimitarse en palabras y actitudes incursas en violencia política de género, acaba de sumarse el pedido de fiscalía a la Corte de Justicia para llamarlo a responder por presuntos delitos de corrupción con los que se habría beneficiado de enriquecimiento ilícito. Mal por la autoridad involucrada y peor por la ciudad que nunca había sufrido un bochorno semejante.
Mientras el caso no llegue a sentencia, el alcalde goza de la presunción de inocencia y, en esas condiciones legales, de esperar sería que probara judicialmente su honradez en el ejercicio de su función pública, sin el rallado argumento de “persecución política” en el que se cobijan funcionarios en similares condiciones que buscan la impunidad. Todos los ciudadanos son iguales ante las leyes.
Por el buen nombre de Cuenca, ciudad respetada y respetuosa por sus méritos culturales y la pulcritud de quienes la gobernaron, ciudad patrimonio de la humanidad, el caso del señor alcalde debe llevar a resoluciones judiciales transparentes: de ser inocente, que se lo proclame y, de ser culpable, que se lo sancione con absoluta transparencia, para mantener el buen nombre institucional antes aludido.