De sobresalto en sobresalto sobrevive el Ecuador en esta época de cuaresma, de conflictos de intereses, de corrupción y crimen organizado, y sobre todo, de inicios de la temporada electoral cuyas campañas están a las puertas. Godoy renunció cuando la Asamblea iba a debatir su destitución.
El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, protagonizan los escándalos más recientes de la administración de justicia y de la corrupción a gran escala en prácticas que involucran a los sectores privados y públicos en beneficios particulares, en su orden.
Cinco asambleístas de Revolución Ciudadana plantearon juicio político contra Godoy, acusándolo de incumplir sus funciones e interferir en el trabajo de funcionarios judiciales, conflicto de intereses, omisión de medidas de protección a jueces o encubrimiento de incorrecciones. El presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Ferdinand Álvarez, al término de la investigación previa de la denuncia, señaló que “al funcionario cuestionado, Mario Godoy Naranjo, en su calidad de presidente del Consejo de la Judicatura, es aplicable el régimen especial de fiscalización establecido en el artículo 39 del Código Orgánico de la función judicial”, en referencia al juez Carlos Serrano, quien renunció al habérsele retirado la protección a la que tenía derecho, en represalia por no dictar un fallo a favor de un narcotraficante.
Es el caso del serbio Jezdimir Srdan, procesado en un juicio penal, para quien Henry Gaibor, alto funcionario del Consejo de la Judicatura, recomendó al juez Serrano que pusiera atención a su defensa, lo que fue respaldado con un audio sobre la propuesta. En una instancia inicial del proceso, el sindicado tuvo la defensa profesional de Dolores Vintimilla, esposa del presidente del Consejo de la Judicatura, quien negó haber influido y acusó de relatos sin pruebas la acusación basada en publicaciones de prensa.
El narcotraficante serbio, en una audiencia telemática, hizo un gesto amenazante contra el juez Serrano, recorriendo un dedo por su cuello, en señal de cortar su vida. A raíz de este episodio y al no haber dictaminado a favor del sindicado, Serrano renunció al cargo y se exilió para proteger su vida, pues se le negó la protección solicitada y también se le negó la aceptación de su renuncia.
Varios indicios de procedimientos irregulares complican la defensa de Godoy, quien pidió quince días de licencia para preparar su defensa, pero la jueza Alexandra Villacís, a quien correspondía remplazarlo, como ya había ocurrido antes, fue impedida de asumir por impedimentos del SRI, pero llegado el momento, en horas de madrugada, se encargó a Damián Larco, ex directivo del SRI, para que remplazara a Godoy en su ausencia.
La situación del presidente del Consejo de la Judicatura ha llegado a lo indefendible y el caso continuará en el pleno de la Asamblea Nacional. Al cierre de la presente edición el funcionario estaba sometido al debate de los legisladores que decidirán su suerte, con el informe de la Comisión de Fiscalización que señala que los vocales del Consejo de la Judicatura podrían ser sometidos a juicio político por manifiesta inoperancia en el cumplimiento de sus funciones, recomendando el trámite en el pleno de la asamblea nacional para resolver lo pertinente según el articulo 83 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Inicialmente Godoy contaba con respaldo de los legisladores de ADN, movimiento político del gobierno, pero ante la situación indefendible en la que se encuentra, esta organización anunció que sumará los votos por la destitución, aclarando que su posición no es de apoyo a Revolución Ciudadana, partido de la oposición, cuyo líder Rafael Correa extremó su condena al otrora aliado, Mario Godoy, cuyos días en la presidencia del CJ estarían contados. El anterior presidente del CJ, Terán, declarado partidario del correísmo, guarda prisión por actos delictivos en sus funciones.
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| En la imagen anterior Mario Godoy comparece ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. En esta, el alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez, quien guarda prisión acusado de ilícitos financieros en el tema de los combustibles. |
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue a prisión el 10 de febrero, al otro día que fuera allanado su domicilio por la Fiscalía, acusándolo de ser miembro de un entramado societario complejo que ha corrompido a funcionarios y evadido el control de instituciones estatales en torno a la comercialización de combustibles. También fueron detenidos sus hermanos Antonio y Xavier y nueve personas más vinculadas al operativo oficialmente nominado Goleada, pues estos últimos están ligados al club de fútbol Barcelona.
El alcalde Álvarez fue acusado en julio del año anterior, desde cuando llevaba al tobillo un grillete, como medida cautelar, pero al ser detenido no lo llevaba puesto, lo que implica una infracción adicional que agravaría su situación legal, pues el artefacto solo puede ser removido por personal policial con orden judicial. Según reportes legales Álvarez por más de treinta veces se habría desprendido del grillete y más de dos mil veces se habrían producido alarmas relacionadas con el dispositivo, presumiéndose que en muchos casos tendrían como origen fallas técnicas.
El 9 de febrero, en vísperas de la detención, el alcalde había pedido licencia por 15 días al Concejo, por asuntos particulares. Al allanarse su domicilio, se decomisó celulares, computadoras y dinero cuyo monto se aproximaría a los 200 mil dólares. ¿Estaba en sus planes salir del país, contraviniendo la medida cautelar aprobada en julio de 2024? Es una de las hipótesis, ligada al hecho de que la detención se habría dado después de una denuncia reservada de alguien del que se guarda anonimato.
Álvarez y sus familiares están ligados a empresas propietarias de numerosas gasolineras en Guayaquil y otras ciudades de la costa ecuatoriana. Según el proceso investigativo iniciado en julio de 2024 él y sus familiares estarían implicados en negocios fraudulentos de combustibles subsidiados por el Estado que habrían originado ganancias ilícitas de más de 90 millones de dólares.
El líder de la RC, Rafael Correa, protestó por las medidas en contra del alcalde de Guayaquil, quien sin ser militante de su tienda política, figuraba como uno de los presidenciables en la próxima contienda electoral, con su apoyo.